Daniel Berzosa

Es una anomalía especialmente grave la reacción de algunos abogados ante el acuerdo de la Sección de Derecho Constitucional de su colegio, en el caso del niño de Canet de Mar.

La previa validación de una norma reglamentaria por los tribunales de justicia significa el desplazamiento de la responsabilidad política a quien no le corresponde, esto es, al poder judicial.

Estos amados líderes nacionales y regionales se lo deberían hacer mirar por su bien y el bien de todos.

En España, no hay ninguna obligación constitucional, ni legal, es decir, jurídica, de vacunarse y, por tanto, de poder obligar a alguien a vacunarse.

Un juez de verdad, un juez constitucional, un juez de un Estado social y democrático de Derecho jamás supera el marco de la Constitución y las leyes.

Los doce indultos a los doce condenados del «procés» se han convertido en un tema candente y desgarrador por la manifiesta voluntad del Gobierno de acordarlos, en contra del contundente informe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la inmensa mayoría de la opinión pública nacional.

Los ciudadanos han mostrado una participación y un civismo de marca del que deberían tomar nota los tóxicos dirigentes políticos y los que, sin serlo, se ven contagiados por las deformadas y teatrales sugestiones donde aquellos afloran y prosperan.

El Consejo General del Poder Judicial prorrogado o en funciones puede plantear los conflictos de atribuciones que estime pertinentes. Sin embargo, nunca puede plantear un recurso de inconstitucionalidad. Tendrían que ser otros, por decirlo así, los que lo hicieran en su nombre.

Desde 1628, como un derecho sagrado cívico, se regula con fuerza de ley constitucional que la casa de un individuo es su castillo y refugio más seguro.