El Gobierno ha actuado directamente con poderes extraordinarios en la Comunidad de Madrid, mediante la declaración del estado de alarma, para detener la transmisión comunitaria del COVID-10 en algunos de sus municipios, con base en que la autoridad judicial no ha ratificado las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, asumidas en una Orden de la Consejería de Sanidad, a partir de la Orden Comunicada del Ministro de Sanidad.